Por
el ciudadano
Desde
el domingo pasado que un complejo escenario de violencia se vive en São José
dos Campos, en el estado de São Paulo, Brasil, luego de que unas 9 mil personas
fueran desalojadas por la policía de un terreno que pertenecería a un
empresario que fue apresado por corrupción y tráfico de dinero. El país más
grande de América Latina prosigue así una política de expulsión de los pobres
de las ciudades.
En
Brasil las políticas de erradicación de los pobres en las ciudades prosiguen.
La madrugada del domingo 22 de enero dos mil efectivos de la Policía Militar (PM)
de Sao Paulo desalojó a unas 9 mil personas de la comunidad de Pinheirinho,
ubicada en São José dos Campos, ciudad distante 97 Km. de São Paulo.
El
violento operativo fue para recuperar un predio propiedad de Naji Nahas,
empresario de origen libanés y que fue apresado el 2008 acusado de corrupción y
lavado de dinero. Se le sindica como responsable de la quiebra de la Bolsa de
Valores de Río de Janeiro, ocurrida en 1989.
Los
habitantes de Pinheirinho se habían instalado en el área hace unos 8 años. De los
9 mil moradores se calcula que unos 2 mil 600 son niños. La policía usó para el
desalojo helicópteros, bombas lacrimógenas, gas pimienta y balas de goma.
Varias casas fueron incendiadas.
UNA
ORDEN DEL GOBERNADOR SOCIALDEMÓCRATA
La
arremetida policial se desarrolló pese a un acuerdo alcanzado a principios de
enero entre el gobierno federal, representantes del gobierno estadual y
municipales. Pese a ello el gobernador se Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dio el vamos al desalojo.
El
abogado de los residentes, Antonio Ferreira, quien sufrió una heridas de bala
de goma en la espalda y en otras zonas del cuerpo al acercarse a dialogar con
la PM, contó que presentaron una apelación interlocutoria para pedir el
reconocimiento de los intereses de la comunidad para que se impida la ejecución
de la orden de desalojo de manera definitiva.
Los
residentes esperaron con escudos y palos a los policías e hicieron barricadas
para impedir el desalojo, el que contó con el despliegue de dos helicópteros,
220 vehículos policiales, 100 caballos y 40 perros.
Los
moradores de Pinheirinho recibieron la solidaridad de barrios vecinos y están
siendo cobijados en carpas en sectores como Campo dos Alemães, cercano al
lugar. Un millar de moradores se refugiaron en la Iglesia Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, quienes recibieron gases lacrimógenos de parte de la PM,
según denunció el Sindicato de Metalúrgicos de São José dos Campos.
La
Prefectura de São José dos Campos, en tanto, presiona a los desalojados
entregándoles pasajes de buses interurbanos con destino a São Paulo y Piauí.
Incluso
el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, dijo que la PM
transformó el lugar en una “plaza de guerra” y que la acción no cuenta con el
respaldo del gobierno de Dilma Rousseff y que espera más diálogo. “Creemos que
aún puede haber diálogo y una salida negociada y humana para las familias, sin
necesidad de aquella plaza de guerra que fue armada”- sostuvo.
Los
desalojados volvieron en la mañana del lunes por sus cosas y se enfrentaron con
la policía, la que les arrojó bombas lacrimógenas. En una fila aguardaban unas
200 personas, quienes veían como sus enseres eran retirados por los policías.
Además los moradores reclaman por la pérdida de muchas mascotas. José Valdene,
quien vivía hace 5 años en Pinheirinho con su mujer y 3 hijos, dijo al
periódico Folha que no puede ir a trabajar mientras no recoja sus pertenencias
y que la policía “no explica nada. Pueden estar saqueando nuestras casas, pero
no sabemos nada”.
Desde
el desalojo el clima en São José dos Campos es de enfrentamiento en varios
puntos de la ciudad. Según cifras de la PM se ha detenido hasta ahora a 30
personas y se han quemado unos 8 vehículos, uno de un móvil de la cadena O
Globo, en señal de protesta.
EL
CAMBIO DE CARA EN BRASIL
Brasil
será sede del Mundial de Fútbol el 2014 y de los Juegos Olímpicos el 2016, mega
eventos que implican un reordenamiento urbano de las principales ciudades
brasileñas.
En
Río de Janeiro las autoridades planean demoler cerca de 3 mil casas de favelas
antes de las Olimpiadas. Así ocurrió en junio pasado en la favela Metrô
Mangueira, cuando 400 familias de las 600 que allí habitan asistieron a la
demolición de sus viviendas. El espacio está destinado a ser un estacionamiento
para el estadio Maracaná, distante a un kilómetro.
Carlos
Vainer, del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano y Regional de la
Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) llama a la organización de estos
eventos un verdadero “estado de excepción” de las ciudades que serán sedes. “El
mega evento es dentro de las estrategias generales del mercado inmobiliario
ámbitos de atracción de capital al permitir vender estas nuevas localizaciones.
Marketing puro, automático, sin inversión ya que por sí las ciudades son
vitrinas. El proceso de venta de las ciudades ocurre inmediatamente, sin
necesidad de montar stand o ferias de negocios”- sostiene.
Los
asentamientos irregulares representan más del 70 por ciento del área urbana de
Brasil. Según cálculos de la Fundación João Pinheiro, el país tiene un déficit
habitacional para 7 millones de personas.
RECHAZO
DE ORGANIZACIONES
La
Coordinación Nacional de los Comités Populares de la Copa calcula que los
traslados de poblaciones pobres han afectado ya a cerca de 170 mil personas en
todo Brasil.
La
instancia, reunida en Porto Alegre, condenó la desocupación de la favela de
Pinheirinho y lamentan que el hecho no sea una sorpresa. Advierten que “quien
está atento al fenómeno de transformación del espacio urbano brasileño en los
últimos años sabe de la violencia que caracteriza a los procesos de exclusión
que afectan a las comunidades más pobres”.
Agregan
que se trata de una “intervención directa del aparato estatal contra la
población más pobre y a favor de intereses privados” y que los mega eventos son
“grandes disculpas para crear un estado de excepción”.
Responsabilizan
de la acción al gobernador, Geraldo Alckmin; al juez del 3º Tribunal Federal,
Carlos Alberto Antonio Jr, por no respetar la medida cautelar dictada por los
tribunales federales; y a la jueza Marcia Faria Mathey Loureiro, quien
planificó la acción junto al comando de la Policía Militar.
También
el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) condenó la acción y sostuvo que
es urgente realizar en Brasil reformas al sistema agrario y urbano para
resolver el déficit de 5,5 millones de personas sin casas.
Fonte:
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